En la fase administrativa, intervenimos con rapidez y precisión para proteger los derechos de nuestros clientes antes de que una decisión se consolide o se vuelva firme.
Ofrecemos asistencia en:

• Redacción e interposición de recursos administrativos: alzada, reposición y extraordinario de revisión.

• Defensa en procedimientos sancionadores y disciplinarios.

• Reclamaciones de responsabilidad patrimonial frente a la Administración por daños derivados de su funcionamiento.

• Obtención y denegación de licencias, autorizaciones y concesiones administrativas.

• Procedimientos en materia urbanística y medioambiental.

• Recursos en materia de contratación pública y licitaciones.

• Procedimientos de expropiación forzosa y valoraciones.

• Defensa de empleados públicos y funcionarios: nombramientos, sanciones, incompatibilidades y retribuciones.

• Inspecciones y procedimientos tributarios.

Nuestra intervención temprana puede evitar litigios y resolver los conflictos con la Administración de forma más ágil y eficaz.

Cuando la vía administrativa se agota sin resultado favorable, nuestro equipo defiende los intereses de nuestros clientes ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

Actuamos en todas las fases del proceso:

• Interposición de recursos contencioso-administrativos contra resoluciones, inactividad o actuaciones materiales de la Administración.

• Solicitudes de medidas cautelares y cautelarísimas.

• Ejecución de sentencias y actuaciones derivadas de su incumplimiento.

• Recursos de apelación, casación y unificación de doctrina.

• Defensa ante sanciones administrativas, disciplinarias o tributarias.

• Procedimientos sobre responsabilidad patrimonial y expropiaciones.

• Impugnación de disposiciones de carácter general (reglamentos, ordenanzas, etc.).

Contamos con una amplia experiencia procesal en la defensa de los derechos de ciudadanos, empresas y entidades locales frente a decisiones injustas o arbitrarias de la Administración.